Estados Unidos, todos los estados miembros de la Unión Europea y 32 países no pertenecientes a la UE han anunciado una “Declaración para el futuro de Internet” que establece las prioridades para una Internet “abierta, libre, global, interoperable, confiable y segura”. Destaca objetivos como la asequibilidad, la neutralidad de la red y la eliminación de contenido ilegal sin restringir la libertad de expresión, aunque ofrece pocos detalles para lograrlos.
La declaración de tres páginas, también resumida por la Casa Blanca y la Comisión Europea, ofrece una visión amplia de la red, así como una combinación de temas más específicos para sus 61 signatarios. “Nos une la creencia en el potencial de las tecnologías digitales para promover la conectividad, la democracia, la paz, el estado de derecho, el desarrollo sostenible y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, comienza el documento. Pero “algunos gobiernos autoritarios limitan el acceso a internet abierto y las plataformas en línea y las herramientas digitales se utilizan cada vez más para reprimir la libertad de expresión y negar otros derechos humanos y libertades fundamentales”.
La declaración enfatiza que internet debe ser descentralizado e interconectado globalmente, diciendo que los países deben “abstenerse de socavar la infraestructura técnica esencial para la disponibilidad e integridad general de internet”. Eso es un repudio implícito de la “splinternet”, una Internet que está fragmentada por países que prohíben los servicios y cierran el acceso en línea. Es un contrapunto a las visiones de países como Rusia y China (ninguno de los cuales es signatario) que tienen un acceso muy restringido a sitios y aplicaciones extranjeros. También contradice las solicitudes fallidas de Ucrania de aislar a Rusia de los servicios de dominio global.
La discusión del documento sobre privacidad y seguridad refleja los pasos que la UE ha tomado particularmente en los últimos años, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que impondrán mayores obligaciones para que los servicios web eliminen contenido ilegal y prevengan daño a los usuarios. Denuncia el uso de “herramientas o técnicas algorítmicas” para la vigilancia y la opresión, incluidas las tarjetas de puntuación de crédito social, un concepto contra el que la UE ha sopesado legislar después de que se hizo omnipresente en China.
Los signatarios también acuerdan defender los principios de neutralidad de la red y “abstenerse de bloquear o degradar el acceso a contenido, servicios y aplicaciones legales en Internet”, aunque no analiza las leyes que podrían impedir que los proveedores privados de servicios de Internet lo hagan. No está claro cómo encajaría este lenguaje con las normas de los signatarios, como la Ley de seguridad en línea del Reino Unido, que requiere que las empresas reduzcan la visibilidad del contenido en línea “legal pero dañino”.
La mayoría de los principios cubren un terreno muy trillado, pero algunos detalles están menos vinculados a los debates regulatorios contemporáneos. Los signatarios acuerdan cooperar para “reducir tanto como sea posible la huella ambiental de Internet y las tecnologías digitales”, por ejemplo. Ese compromiso podría entrar en juego a medida que las naciones exploren la regulación y adopción de criptomonedas, que a menudo consumen mucha energía. Sin embargo, a pesar de su nombre, la declaración es lo suficientemente amplia como para no decirnos mucho sobre cómo los países darán forma al futuro de Internet, al menos no más de lo que ya tiene su regulación.